Los procesos en contra de personas que cometieron maniobras para apoderarse de dinero de terceros y falsificar documentos siguen acumulándose y resolviéndose. Tres mujeres llegaron a diferentes acuerdos por el daño que generaron y un hombre fue acusado por presentar un certificado médico trucho.
El primer caso se registró en Yerba Buena y se descubrió casi de casualidad. Un cadete se presentó en un centro médico para pedirle a una médica que le corrigiera una receta que había emitido supuestamente ella y que luego fue presentada para la compra de un medicamento. Según explicó la auxiliar fiscal Emely Rafael, la profesional constató de inmediato que el documento correspondía a un formato antiguo que ya no utilizaba. Asimismo, confirmó que la letra, la firma y el sello no le pertenecían. La médica retuvo el recetario apócrifo junto con la factura de la farmacia que estaba abrochada por detrás y posteriormente entregó todo el material a las autoridades judiciales como prueba.
La mujer acusada fue imputada por haber afectado la fe pública y la seguridad sanitaria. El caso terminó resolviéndose a través de una probation. El acuerdo homologado por el magistrado interviniente contempla el cumplimiento de estrictas reglas de conducta por el plazo de seis meses, la realización de tareas comunitarias en un merendero de la ciudad de Yerba Buena y el pago de una reparación económica de $2 millones.
En el sur
Otras dos mujeres llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público después de haberse apoderado del dinero de la dueña de un comercio de Aguilares donde trabajaban.
De acuerdo con la acusación sostenida por el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Una de las acusadas, aprovechando la confianza depositada en ella y valiéndose de la avanzada edad de la propietaria del local y de su desconocimiento en el manejo de dispositivos electrónicos, logró acceder a la cuenta de la billetera virtual donde se acreditaban las ventas del negocio.
Conociendo el usuario y la contraseña, y mediante el uso no autorizado de la aplicación, la empleada generó un total de 289 órdenes de extracción de dinero sin tarjeta física. Dichos códigos eran remitidos sistemáticamente a su madre. Con estos datos y el número de DNI vinculado a las operaciones, ambas mujeres concurrieron a diversos cajeros automáticos, logrando efectivizar extracciones por un total de $4,7 millones. Ambas fueron acusadas de estafa.
El acuerdo aprobado comprende, para cada una de las mujeres, la realización de tareas comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Río Chico durante el plazo de un año. Asimismo, se estableció una reparación económica a favor de la víctima: una de las imputadas abonará la suma de $180.000, mientras que la otra pagará $300.000, montos que serán cancelados en 12 cuotas.
Certificado trucho
Por último, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás acusó a un hombre de haber presentado un certificado trucho para justificar dos inasistencias laborales. Según la acusación, el 24 de noviembre de 2025 el imputado presentó ante su empleador, el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, un certificado médico apócrifo en formato papel con membrete y sello del Hospital Padilla. El documento indicaba reposo por 48 horas y contaba con la firma y sello de una profesional médica.
Sin embargo, la investigación sostiene que el acusado habría utilizado dicho certificado pese a conocer su falsedad, ya que no registraba atención médica en ese nosocomio en la fecha consignada ni en los días previos.